|
El
Gobierno salió ayer discretamente a distanciar su decisión de
desmilitarizar el control de la aviación
, en
manos de la Aeronáutica, del documental del director del filme
Fuerza Aérea SA, Enrique Piñeyro, que revela groseras
irregularidades en torno a los controles de la seguridad en la
aviación comercial.
Fuentes del Ministerio de Defensa a las que accedió Clarín el
viernes último informaron que está en plena marcha el proceso de
traspaso del llamado Comando de Regiones Aéreas
—dependiente de la Fuerza Aérea y responsable del control de la
aviación civil— a la Secretaría de Transporte de la Nación, que
depende del patagónico Ricardo Jaime. La iniciativa, que "se
desarrolla desde hace un tiempo considerable", según las mismas
fuentes, fue sin embargo relanzada, en términos informativos,
al día siguiente del estreno del documental de Piñeyro. Como
sea, el proyecto tuvo una muy buena acogida en las asociaciones de
aviadores civiles.
Defensa distribuyó ayer un comunicado que recoge y precisa parte de
la información publicada ayer por Clarín: el texto está
guiado a despegar la reforma de las denuncias del documental.
"El Ministerio examina las referencias contenidas en el documental
del señor Piñeyro. Por ello fue públicamente recibido por la
ministra (Nilda) Garré, quien ordenó al jefe de la Fuerza Aérea un
informe acerca de los hechos denunciados en el filme", sostiene el
comunicado. La ministra Garré recibió al cineasta el martes
pasado.
La película está centrada en los niveles de inseguridad en tierra
de los controles aéreos: muestra instalaciones y tecnología
deteriorada y en desuso y en
general habla de un bajo nivel
de profesionalidad.
El proceso de traspaso de los controles a la órbita civil supone un
trámite complejo, que involucra las obligaciones de más de
cinco mil personas. "Desde la gestión del ministro Pampuro, el
Gobierno ha trabajado en este proyecto (que) no puede decidirse ni
ejecutarse de la noche a la mañana", insiste el ministerio. Se prevé
que el proceso demandará no menos de 18 meses.
La reforma busca alinear a la Argentina con la experiencia de los
países centrales en el control de la aviación comercial: sólo en
una docena de naciones, entre ellas la nuestra, esa
responsabilidad está aún en manos de los militares.
El ministerio, sin embargo, procuró mostrar que en el destino del
proyecto está la misma la Fuerza Aérea, un arma que cayó en
desgracia desde el caso de narcotráfico
a España en marzo de 2005, que derivó en la disolución de la Policía
Aeronáutica Nacional. "Esta nueva etapa es entendida como una
lógica de época" por los aviadores, dice.
En Defensa indicaron que entre las complejidades que suponen estos
cambios se cuenta que no "aún no hay personal capacitado en la
aviación civil" para las tareas de control. Esta conclusión es
sin embargo cuestionada por los pilotos civiles.
Junto con este traspaso, el ministerio confirmó ayer que pasarán a
la órbita de Defensa el Servicio de Hidrografía Naval, que depende
de la Armada, y el Servicio Meteorológico Nacional, de la aviación
en el marco de una reforma del organigrama ministerial. La
reorganización procurará "potenciar" el
capital científico del ministerio,
mediante la creación de un área específica de ciencia y técnica.
No son los únicos cambios en los que se embarcó Defensa. Entre los
más ambiciosos aparece la derogación del viejo Código de Justicia
Militar, que será reemplazado por un nuevo sistema de Justicia
militar, con lo que desaparece la jurisdicción penal militar. Un
compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. El proyecto está en trámite y está previsto su envío al
Congreso.
A partir de la reglamentación de la Ley de Defensa, el ministerio
avanza, además, en un proyecto de rejerarquización del Estado
Mayor Conjunto, del que pasarán a depender las tres fuerzas, un
modelo imitado de EE.UU..
Fuente: Diario Clarín
Domingo 03/09/2006
|
La Policía Aeroportuaria se quedó sin
aumento
La Policía de Seguridad Aeroportuaria
(P.S.A), que sustituyó a la desaparecida Policía Aeronáutica
Nacional, quedó otra vez afuera de un aumento —dispuesto la
semana pasada por el Gobierno— para las fuerzas de seguridad que
dependen del Ministerio del Interior.
El miércoles, el ministerio informó que, con la firma del decreto
1126, el Poder Ejecutivo había efectivizado un incremento de 19 por
ciento para los haberes de los miembros de las cuatro fuerzas:
Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Seguridad Aeroportuaria.
Sin embargo, la publicación del decreto en el Boletín Oficial
mostró que la P.S.A había sido ignorada.
Fuentes del Gobierno insinuaron que el "olvido", así lo
llamaron, podría ser resultado de la desconfianza mutua que
separa al ministro Aníbal Fernández y al titular de la P.S.A.,
Marcelo Saín.
Consultado por Clarín, Saín prefirió ignorar esa cuestión,
pero no ocultó su reclamo a Fernández: "Es imposible conducir una
fuerza de esta manera, sin inversión en infraestructura ni
equiparación de escala salarial".
Saín reclama un ajuste presupuestario de 140 millones de pesos para
la operabilidad de una fuerza de 2500 efectivos. La intervención que
encabeza vence en noviembre próximo, y Saín ya dio señales de que no
quiere seguir.
En Interior se toman las cosas con calma. Dicen que en los próximos
días saldrá un nuevo decreto con el aumento.
Una pelea detrás del manejo del Servicio
Meteorológico
Detrás de la decisión de transferir el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al Ministerio de Defensa hay
una historia para contar.
A la par de
plan de Defensa, la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable jugó fuerte para quedarse con
ese servicio, que cuenta con cobertura desde La Quiaca hasta la
Antártida, más de mil empleados y un importante presupuesto anual,
además de ingresos por servicios a terceros.
En Ambiente imaginaban que la estructura nacional del Servicio
Meteorológico podría haber sido ideal para potenciar el área,
relanzada con el nombramiento de la abogada Romina Picolotti.
Quitarle a la Fuerza Aérea el manejo del Servicio es una batalla que
hacía años venían dando los meteorólogos civiles, y que halló
vientos propicios en el Gobierno, dispuesto a "civilizar" áreas que,
consideran, no hay motivos para que sigan en manos militares.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, acuerda con esta línea y buscó
que el SMN dependa de su cartera, ya que allí revistan 700 militares
a los que debería reubicar sin contar con la partida presupuestaria
del área.
Ambiente, vale notar, corría con la ventaja de depender del jefe de
Gabinete, Alberto Fernández. No habría que descartar la posibilidad
de un nuevo traspaso, a futuro.
Como sea, la Fuerza Aérea aparece como la más perjudicada. El
pase del SMN le significará otro golpe que se suma, en estos tres
años, a dos purgas de brigadieres, la pérdida de la Policía
Aeronáutica Nacional tras el escándalo de las narco-valijas de SW
y, en adelante, la del control de la seguridad de la aviación civil.
GUIDO BRASLAVSKY
Murphy, en contra
El líder de Recrear, Ricardo López
Murphy, se mostró contrario a la decisión de quitar a la Fuerza
Aérea el control de la aviación civil. "Implica un cambio
estructural muy grande y un doble costo" en el manejo del sector.
|
Volver
a noticias día anterior 02/09/2006